La Global Alliance for Genomics and Health es una iniciativa sustentada por más de 220 instituciones de distintos países dedicadas a la asistencia sanitaria y a la investigación biomédica, cuyo objetivo es diseñar un marco común de actuación que facilite la utilización compartida, responsable y segura de datos genómicos y relativos a la salud. 

Con este propósito se han constituido varios grupos de trabajo, entre los que se encuentra el Regulatory and Ethics Working Group, coordinado por la profesora Bartha Knoppers. Este grupo ha publicado el documento Framework for Responsible Sharing of Genomic and Health-Related Data, fruto de un trabajo liderado por el profesor Don Chalmers. La traducción al español de dicho documento, realizada por Pilar Nicolás y Sergio Romeo, es accesible aquí.

 

Este marco de actuación parte del cumplimiento de los requisitos previstos en cada legislación nacional como condición imprescindible para que los datos se compartan, y su objetivo fundamental es servir como instrumento práctico que ayude a la interpretación de normas internacionales. 

 

Se establece un conjunto de principios fundamentales para la investigación responsable y para la supervisión en relación con el uso compartido de datos genómicos y relativos a la salud, aplicables a todo el proceso de investigación traslacional: respeto a los individuos, familias y comunidades; fomento de la investigación y del conocimiento científico; promoción de la salud, el bienestar y la distribución equitativa de beneficios; y fomento de la confianza, la integridad y la reciprocidad. 

 

A partir de estos principios, se identifican como elementos esenciales para el uso compartido de los datos, la transparencia; la rendición de cuentas; el compromiso con la sociedad; la seguridad y calidad de los datos; el respeto a la privacidad; el análisis de riesgos y beneficios; el reconocimiento de la autoría; la sostenibilidad; la educación y formación; y la accesibilidad y difusión.

 

Los destinatarios del documento son gobiernos, industria, financiadores, editores e investigadores, que son llamados a adherirse al marco de actuación adoptando medidas de carácter legislativo, contractual o administrativo para dar efectividad a los principios y elementos enunciados.

 

Se prevé un seguimiento de su adopción y de su aplicación, así como su desarrollo a través de protocolos adicionales o políticas específicas, y su revisión periódica para adaptarlo a los avances de la técnica, de la investigación y de los desarrollos éticos y legales.